El gobierno de México expresó su rechazo a la ley HB 56 (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act) promulgada por legisladores en el estado de Alabama, Estados Unidos, que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales, por lo que anunció que analizará las medidas jurídicas para proteger los intereses de los mexicanos que residen en ese estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por medio de un comunicado indicó que el gobierno federal "lamenta la promulgación de la ley HB 56 que entrará en vigor en su mayor parte el 1 de septiembre próximo, ya que "afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad".
Criticó que los legisladores que votaron a favor del texto y el Ejecutivo estatal "ignoraron las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad de ese estado, así como la importancia que México tiene como cuarto mercado para sus exportaciones. Además la ley estatal es, asimismo, contraria a los principios de corresponsabilidad, confianza y el respeto mutuo con que los gobiernos federales de México y Estados Unidos atienden los retos compartidos en América del Norte".
La Cancillería indicó "que se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama", tomando en cuenta los precedentes legales sentados por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sobre la ley SB 1070 de Arizona y por una Corte de Distrito sobre la ley HB 497 de Utah, y dada la intención expresada por organizaciones estadounidenses de promover demandas que eviten la entrada en vigor de esta ley.
Señaló que "como en otros casos, se realiza un análisis jurídico para determinar posibles acciones en apoyo a mexicanos que pudieran verse afectados", en tanto sea diseñado y puesto en marcha una estrategia de protección preventiva para mantener debidamente informada a la población mexicana.
Asimismo, la SRE indicó que el gobierno de México "reconoce el derecho soberano de todos los países a decidir las leyes que deban aplicarse en su territorio. Al mismo tiempo, reitera su compromiso indeclinable de brindar la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el debido respeto a sus derechos fundamentales, independientemente de su condición migratoria"..
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